Por Lucas Di Pietro Paolo
Coordinador de adaptación para el G77
Negociador lider en adaptación para la Argentina

Bajo un clima de tensión cruzada y largas deliberaciones, el domingo 11 de diciembre se dio cierre a la COP17 realizada en Durban, Sudáfrica. Como había sido previsto a principios de esa semana, finalmente se logró acordar decisiones tanto para el Comité de Adaptación bajo el Grupo Especial de Trabajo de Cooperación de Largo Plazo (o AWG-LCA como se lo conoce por sus siglas en inglés), como para los Planes Nacionales de Adaptación (o NAPs por sus siglas en inglés).

Si bien se encauzó con relativo éxito el capítulo de adaptación que incluía varias actividades a través de los diferentes cuerpos, fue necesario continuar con las negociaciones hasta los últimos momentos de la Conferencia.

En el caso del Comité de Adaptación, hacia el jueves se había hecho evidente que las Partes se encontraban en un punto muerto de las negociaciones, y que los aspectos técnicos de las mismas ya habían sido cubiertos, requiriendo definiciones políticas sobre temas clave: la composición del Comité (representación de diferentes grupos y regiones); la referencia a los mecanismos financieros (en el anexo de actividades indicativas para el Comité); y la inclusión de los efectos adversos de la implementación de las medidas de respuesta como parte de los procesos de adaptación.

En vista del estado de situación alcanzado, en el cual no se podía conseguir progreso, la Presidencia de la COP designó, para facilitar el tema a la Ministro Coordinadora de Patrimonio del Ecuador, María Fernanda Espinosa. Bajo su liderazgo y el apoyo de su equipo, la Ministro condujo una serie de consultas bilaterales con los actores claves involucrados en la negociación: El coordinador del Grupo de los 77 más China para el Comité de Adaptación miembro de la delegación Argentina (quien escribe), La Unión Europea, Los Estados Unidos de América, La Alianza de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (representados por la delegada de las Islas Cook), Los Países Menos Desarrollados (coordinados por Bangladesh), y Arabia Saudita (representando los intereses de un bloque de países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC).

En relación a la composición del Comité, las diferencias estaban dadas entre algunos países en desarrollo y la fórmula que pretendían los países desarrollados, de tener una representación equitativa. Esto, desde la perspectiva del G77 más China era una línea roja, ya que el grupo representa más de 130 países entre los que se encuentran los más vulnerables a los impactos del cambio climático. Otro tema que surgió con fuerza en las discusiones fue la inclusión de membresía para los países de Europa del Este, los cuales por la fórmula utilizada bajo el Comité de Tecnología, no pueden acceder.

Respecto al vínculo de las actividades del Comité con los aspectos financieros, las consultas realizadas por la facilitadora llevaron a largas horas de deliberación en una ida y vuelta entre varios de los involucrados. Particularmente complejo fue el tratamiento de un párrafo incluido por el G77+China en el Anexo a la Decisión (Anexo V del texto del AWG-LCA), que llamaba a realizar actividades relacionadas con el funcionamiento del Fondo Verde del Clima, El Comité Permanente (conocido como Standing Committee, por su denominación en inglés), el cual tendrá una perspectiva general de aspectos financieros bajo la Convención y otras entidades operativas del mecanismo financiero de la Convención. El compromiso alcanzado fue: “Intercambiar información con cuerpos relevantes de la Convención y otros, incluidos el Comité Permanente y el Comité Ejecutivo de Tecnología, sobre medios para incentivar la implementación de acciones de adaptación, incluido financiamiento, tecnología, creación de capacidades, con la mirada de identificar oportunidades y futuras acciones para consideración por la Conferencia de las Partes” .

Finalmente, la mención a las medidas de respuesta fue sacada del texto de adaptación, algo habitual en las últimas horas de negociación, ya que el grupo representado por Arabia Saudita utiliza dicha mención como elemento de intercambio en otros temas relacionados a sus intereses, tales como el Foro de Medidas de Respuesta y el Programa de Trabajo sobre el impacto de la implementación de medidas de respuesta bajo los órganos subsidiarios, y el avance de las consideraciones sobre los procesos de captura y almacenamiento de carbono.

La decisión sobre los Planes Nacionales de Adaptación atraves acalorados debates, en particular entre miembros del G77 más China sobre cuestiones de vulnerabilidad, como así también entre el Grupo y los países desarrollados (en particular los Estados Unidos de América y la Unión Europea), sobre la transferencia de recursos financieros y tecnológicos para apoyar los procesos de adaptación en los países en desarrollo. Las deliberaciones se extendieron hasta bien entrada la sesión del sábado 10 de diciembre, bajo la facilitación del Presidente del Órgano Subsidiario de Implementación, el delegado australiano Robert Owen-Jones.

El acuerdo final incluye varios capítulos. El primero establece el contexto y principios del proceso de planificación, como así también los objetivos de reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en aquellas políticas relevantes, programas y actividades, en particular en los procesos y estrategias de planificación de desarrollo.

El segundo capítulo determina el proceso para permitir a los países menos desarrollados formular e implementar Planes Nacionales de Adaptación. Dentro del mismo, se desarrollaron una serie de subcapítulos, que identifican las guías, modalidades y los arreglos financieros para su formulación e implementación. Esta última provisión fue escenario de extensas discusiones, ya que identifica aquellos arreglos para permitir a los países más pobres llevar adelante la planificación de los programas y planes de adaptación, con recursos nuevos y adicionales a los ya existentes. En términos generales se convoca a los países desarrollados a movilizar el apoyo financiero a través de canales bilaterales y multilaterales, incluido el Fondo de los Países Menos Desarrollados del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, mejor conocido como GEF, y teniendo en consideración la decisión 1/CP.16 de Cancún (que incluye mención en el párrafo 18 sobre apoyo para la adaptación de los países en desarrollo).

Asimismo, se pide al GEF, como una entidad operativa del mecanismo financiero, y a través del mencionado Fondo de los Países Menos Desarrollados, que considere cómo permitir actividades para la preparación del proceso de los Planes Nacionales de Adaptación para los menos desarrollados. También se invita a organizaciones de las Naciones Unidas, agencias especializadas y otras organizaciones relevantes, como también agencias bilaterales y multilaterales, a apoyar el proceso de planificación nacional, y cuando sea posible, establecer programas de apoyo a los NAPs.

La tercera sección es una invitación a otros países en desarrollo, que no son Países Menos Desarrollados, a emplear las modalidades de los Planes Nacionales de Adaptación. Relevante en este apartado del texto es la invitación a las entidades operativas de mecanismo financiero de la Convención, como también organizaciones bilaterales y multilaterales y otras según sea apropiado, a proveer apoyo financiero y técnico a países en desarrollo para planificar, priorizar e implementar sus medidas nacionales de adaptación, consistentes con la decisión 1/CP.16 y otras provisiones relevantes de la Convención.

Sumado a esto, se le pide al Comité de Adaptación -en línea con sus funciones acordadas- considerar en su plan de trabajo modalidades relevantes para apoyar a países en desarrollo interesados en el proceso de planificación de adaptación. Uno de los temas importantes traídos a la mesa de negociación por algunos países en desarrollo de renta media fue que el proceso de planificación iniciado no debe transformarse en una condicionalidad para el acceso a recursos financieros y técnicos, y tampoco determinar los caminos de desarrollo elegidos en su soberana capacidad. De ahí que se incluyera la palabra “interesados” en el texto para no imponer actividades sin que estas estén alineadas con las prioridades nacionales.

Finalmente, se incluyó un capítulo sobre reporte, monitoreo y evaluación de los procesos de planificación nacional, y un anexo en donde se identifican las guías iniciales para la formulación de los NAPs en los Países Menos Desarrollados.

A modo de conclusión, e independientemente de los resultados generales de la COP17, se puede resaltar que luego de más de dos semanas de intensas negociaciones, y con momentos de una fuerte confrontación entre diversos grupos, las Partes lograron llevar a buen puerto todos los ítems relativos a adaptación. Considerando la incertidumbre existente sobre la negociación para el segundo período del Protocolo de Kioto, y los compromisos que se asumirán bajo el mismo, como así también la puesta en marcha de la Plataforma de Durban para acordar un nuevo instrumento legal que entraría en marcha en el 2020, los esfuerzos internacionales en materia de adaptación cobran una relevancia inédita, ya que los efectos adversos del cambio climático se harán presentes cada vez con mayor frecuencia e intensidad.