Por Hernán Carlino
Especialista en Política Climática
Investigador del Centro de Estudios en Cambio Climático Global - ITDT

Cada vez con mayor frecuencia las noticias reflejan cambios en el modo en que, incipientemente, las sociedades nacionales van expresando su voluntad de enfrentar al cambio climático global por una diversidad de vías.

Durante muchos años, el énfasis regulatorio, basado en los acuerdos para un régimen climático internacional,  estuvo puesto en desarrollar los mecanismos mediante los cuales el precio de la tonelada de carbono, que resultaba de las regulaciones adoptadas internacionalmente, permitía indicar la restricción de carbono, esto es, el fin de una era en la que se podían emitir gases de efecto invernadero ilimitadamente, como sucediera desde los inicios de la Revolución Industrial.

El precio del carbono, incorporado a la estructura de costos empresarios, induciría transformaciones en los patrones de producción, vía innovación tecnológica, y cambios en los hábitos de consumo respecto de aquellos bienes y servicios con una alta intensidad relativa de carbono. 

Los tiempos de arraigo y funcionamiento eficaz de las instituciones que se fueron estableciendo con ese propóstio son necesariamente lentos, pues se trata de introducir una concepción radicalmente distinta para la protección de aquellos bienes públicos globales esenciales como lo es el sistema climático del planeta.

Además, suele haber avances y retrocesos en la construcción de nuevas instituciones de gobernanza, que indican sobre todo las variaciones en la conciencia pública del problema del cambio climático, las perturbaciones en la economía mundial y en los sistemas financieros, así como los obstáculos que interponen aquellos que son afectados por las tremendas transformaciones que son necesarias para enfrentar el cambio climático; también contribuye a esas dificultades  en el desarrollo institucional la propia naturaleza compleja de los bienes que se intenta preservar. 

Al mismo tiempo que los esfuerzos de la cooperación internacional demoran en producir resultados -tanto eficaces como basados en principios de equidad-, se desarrollan otras modalidades que crean restricciones a las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la generación de impactos económicos sobre las firmas que contribuyen predominantemente a esas emisiones.

Esas modalidades no se relacionan directamente con el precio del carbono en los mercados, sino con el valor de las firmas cuyas operaciones contribuyen al calentamiento global, sea por vía de las emisiones que generan directamente en el proceso de producción y, sobre todo, por vía de las emisiones de sus principales productos. Es decir que sus efectos se concretan principalmente en el terreno de la economía del carbono, más que en el ámbito estricto de los mercados de carbono y de sus precios.

Así, hay un empuje creciente para que los inversores institucionales –fondos soberanos, fondos de pensión, fundaciones, incluso gobiernos y universidades- y los administradores de los activos en los que acumulan sus inversiones, reconozcan el riesgo de largo plazo de invertir en compañías que producen combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas, debido a la concreción de nuevas políticas nacionales para mitigar el cambio climático.

En el mismo sentido, las instituciones financieras internacionales, y los bancos regionales de desarrollo, así como la banca nacional de desarrollo, avanzan en el escrutinio de los elementos de riesgo en su cartera de préstamos de largo plazo, no sólo desde la perspectiva de la afectación de sus activos debido a los impactos del cambio climático, sino también al examen de los efectos de la calidad y riesgo de sus carteras, como consecuencia de la evolución de los marcos regulatorios, las nuevas orientaciones de política, la disminución de subisidios a la energía fósil, y la aparición de nuevas opciones tecnológicas en línea con la necesidad de transición hacia las denominadas economías verdes y hacia sociedades resilientes al cambio climático.   

Uno de los mecanismos propuestos por los que promueven las transformaciones que permitan progresar hacia sociedades sostenibles a la vez que mitigar el cambio climático, así como lograr resultados efectivos en esta materia es la desinversión en activos de riesgo, en particular aquellos activos que estarán afectados por las medidas de respuesta nacional e internacional al cambio climático.

Se propone que los administradores de los activos de los fondos soberanos, de pensión y de arbitraje contemplen la posibilidad de vender las tenencias de títulos y acciones provenientes de compañías que contribuyen al cambio climático mediante la producción de combustibles fósiles.

Para eso se requiere que los administradores de activos revisen los criterios con los que deciden sus inversiones, incorporando criterios ambientales, sociales, y de gobernanza (ESG, por su sigla en inglés), además de los tradicionales de rentabilidad, liquidez y seguridad de las inversiones. Se incluyen en estas iniciativas la implementación de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales (SARAS).

En este sentido, el esfuerzo está dirigido a examinar como esas cuestiones, en este caso los impactos de las medidas regulatorias y las políticas de mitigación, influyen en la conveniencia financiera de las inversiones que administran.  

Una de las posibles consecuencias de la materialización de iniciativas de desinversión, aún ejecutadas de manera multianual y muy paulatinamente para no afectar el valor de los activos y moderar los efectos de la desinversión, sería la disminución del valor de esos activos y la caída del valor de mercado de las empresas del sector, así como el aumento de las dificultades de esas empresas para financiarse en los mercados financieros internacionales.

Por otra parte, las compañías en el sector de petróleo y gas, así como la Asociación Mundial del Carbon, argumentan que estas iniciativas podrían poner en riesgo sus esfuerzos para contribuir al desarrollo de energías renovables, así como las inversiones para desarrollar tecnologías más limpias de producción de combustibles fósiles.

En consecuencia, de avanzar las iniciativas de desinversión, en el largo plazo se profundizaría una tendencia a estimular la expansión de las energías renovables y del aprovechamiento de recursos no fósiles para la provisión de la energía para la producción y el consumo de las familias.  

Información adicional:

Veáse: http://www.ceres.org