Por Hernán Carlino
Especialista en Política Climática
Investigador del Centro de Estudios en Cambio Climático Global - ITDT

Hace ya tiempo que se viene debatiendo cuál será el papel de los mercados de carbono en promover los cambios que permitan adecuarse a las restricciones de carbono. Este debate se prolonga en el tiempo y hay muy diferentes miradas sobre su importancia y la conveniencia de utilizarlos.

El debate se produce hoy además en medio de una discusión más amplia sobre el nivel de ambición política de las naciones para lograr las extraordinarias reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que serán necesarias para conseguir que haya un punto de inflexión en el crecimiento de las emisiones, que ese máximo se alcance cuanto antes y luego, globalmente, las emisiones caigan rápida e intensamente.

Hay un número importante de países que están convencidos que los mercados de carbono pueden hacer más fácil la transformación hacia una sociedad baja en carbono, de modo  más eficiente a la menos que menos gravosa.

En rigor, lo que se pretende es lograr ponerle un precio a la tonelada de carbono que refleje el valor de escasez de la atmósfera como reservorio de emisiones de gases de efecto invernadero –el así denominado espacio de carbono disponible-; un precio de escasez fuertemente creciente pues el espacio para disponer en la atmósfera de ese residual gigantesco de las actividades humanas (miles de millones de toneladas cada año) se achica y las emisiones de los países en conjunto siguen creciendo.  

Otro grupo de países, entre ellos principalmente algunos países en desarrollo, vienen sosteniendo que los mercados de carbono no son la solución para el dilema que enfrenta la humanidad sea por que han sido ineficaces a la luz de la experiencia habida con el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, sea porque no conducen a satisfacer los principios de justicia y equidad que deben estar en la base de la respuesta colectiva al problema del cambio climático, sea porque se trata de reparar una deuda a cargo de las sociedades que llegaron primero al desarrollo y utilizaron sin costo alguno lo que era patrimonio de todos durante bastante más de doscientos años.

En Doha, entre las tantas cuestiones que se han estado negociando estos días, el rol de los mercados de carbono, y el debate entre instrumentos fiscales y mercado de emisiones como vehículos que permiten inducir la transformación, se manifiesta en varias instancias de negociación, en particular en la discusión sobre el segundo período de compromiso en el Protocolo de Kioto y en la negociación sobre nuevos mecanismos de mercado.

Aunque los nuevos mecanismos de mercado y los mecanismos existentes (por ejemplo, MDL o comercio de emisiones) se negocian por carriles separados –bajo la Convención el primero y bajo el Protocolo en el segundo- están estrechamente relacionados.

De hecho, algunas de las expectativas en estas sesiones están relacionadas con asegurar que en la configuración de los nuevos mecanismos de mercado se eviten algunas de las distorsiones que se apuntan han puesto en cuestión los resultados obtenidos por el MDL.

Como parte de los diversos espacios de discusión que se concretan tradicionalmente durante las sesiones, hubo un interesante debate abierto ministerial el martes 4 sobre las recomendaciones del Grupo de alto nivel acerca del diálogo político sobre el Mecanismo para un Desarrollo Limpio.

Ese documento, denominado Cambio Climático, Mercado de Carbono y el MDL: una Llamada a la Acción contiene un conjunto amplio de recomendaciones que abarcan 51 acciones repartidas en doce áreas para acción, dirigidas a “abordar la crisis en los mercados internacionales de carbono y para preparar el MDL para el futuro”. (Ver en www.cdmpolicydialogue.org)

Aunque fuera difundido hace ya unas semanas en el marco de las actividades del mencionado Grupo de Alto Nivel, el debate en torno de sus recomendaciones ha sido útil para examinar las diferentes posiciones nacionales en torno de la cuestión y revalorizar algunas de las recomendaciones que el documento contiene, así como para echar luz sobre las dificultades que habrán de presentarse en particular para el funcionamiento del MDL durante el segundo período de compromiso.

En efecto, el Llamado a la Acción, en su resumen ejecutivo, sostiene que “el MDL está en peligro” -debido a la caída en los precios del carbono en el mercado- y que “si las naciones permiten que el mercado del MDL se desintegre, puede esfumarse el consenso político para que existan mercados de carbono verdaderamente globales”. Como se observa el diagnóstico sobre el estado de situación es severo y las recomendaciones intentar proponer soluciones para abordar la crisis.

La crisis de la demanda no sólo incide directamente sobre el mercado de carbono, también se ha propagado a otras esferas, como demuestra su impacto sobre el funcionamiento del Fondo de Adaptación cuya capacidad de maniobra se ha visto afectada por la caída de precios de las reducciones certificadas de emisiones en las que se materializa la contribución de los proyectos registrados a facilitar la adaptación en los países en desarrollo.

Entre las recomendaciones que precisamente se proponen para enfrentar los problemas identificados la primera es abordar urgentemente la crisis inmediata de demanda, incrementando por una parte las aspiraciones de mitigación, asegurar el acceso al MDL a todos los países, y “no sólo a aquellos que tienen objetivos de mitigación según el Protocolo de Kioto), crear un fondo para intervenir sobre el exceso de reducciones certificadas de emisiones (CERs, por sus siglas en inglés), considerar el establecimiento de una institución con el encargo de estabilizar el mercado, y finalmente regular la oferta.

Algunas de estas cuestiones se discutieron no sólo en el debate ministerial al que hicimos referencia inicialmente.  También integraron el plexo de asuntos que fueron objeto de negociación enjundiosa en estas ya casi dos semanas y que se habrán de resolver en parte con la conclusión este jueves del Grupo Especial de Trabajo sobre Compromisos ulteriores para las Partes Anexo I bajo el Protocolo de Kioto (GTE-PK).

No han sido por cierto menores las dificultades habidas para alcanzar consensos con respecto en particular a los números, esto es, a los niveles de reducción de emisiones a los que deben comprometerse los países que son parte del Protocolo, así como las diferencias de criterio sobre la posibilidad de dejar acceso pleno al MDL para aquellos que no son Partes del Protocolo durante su segundo período de compromiso.

Los argumentos, en este último caso,  se relacionan por una parte con permitir la posibilidad de expandir la demanda, autorizando una demanda adicional no PK, y por la otra parte, se afirma que por una cuestión de principios es inaceptable que aquellos que no se proponen compromisos cuantitativos de limitación o reducción de emisiones (QELROs) se beneficien de las ventajas de acceder a las reducciones certificadas de emisiones que se generan en el MDL.

Dado que las reducciones de emisiones comprometidas serían sólo del 15% del total mundial, se argumenta que incluso un aumento significativo de los compromisos de los países de la Unión Europea no bastaría para estimular una demanda afectada también por la sobreoferta de CERs.

El debate ministerial, además, permitió registrar otras opiniones, entre ellas aquellas que destacaron los beneficios ambientales recargados de las actividades de proyecto que hoy se registran, pues ya han ido agotándose los proyectos de bajo costo de reducción por unidad de carbono, a la vez que han crecido y se aplican muy rigurosamente las exigencias metodológicas, técnicas, y documentarias asociadas a la validación y verificación de los proyectos, incluidas las relativas a la demostración de adicionalidad.