El financiamiento internacional destinado a facilitar acciones para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo alcanza a cubrir aproximadamente un 5 por ciento de las necesidades esperadas de financiamiento de esos países, según las estimaciones conjuntas del Banco Mundial y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Como se observa, se trata de una proporción muy reducida de los recursos necesarios para los esfuerzos nacionales en materia de cambio climático, si se considera que, por una parte, en la mitigación del cambio climático, los costos incrementales para los países en desarrollo pueden alcanzar a entre 140 y 175 mil millones de dólares anuales, hacia el año 2030, para inversiones que probablemente se eleven hasta unos 250 a 550 mil millones de dólares anuales, según diversas estimaciones (CMNUCC, 2007 y 2009; Banco Mundial, 2009; PNUD, 2009; Oxfam, entre otros). Por otra parte, la adaptación puede costarle a los países en desarrollo entre 75 a 100 mil millones en promedio entre el año 2010 y el año 2050 (Banco Mundial, 2010), pues la demora en poner en vigor acciones de mitigación por los principales países emisores de gases de efecto invernadero puede potenciar los costos de la adaptación.
La formalización, en el marco de los Acuerdos de Cancún (México, 2010) de un compromiso a largo plazo de los países desarrollados, orientado a movilizar unos 100 mil millones de dólares por año hacia el 2020, constituye un favorable desarrollo del proceso de negociación internacional, que a la vez, fortalece el papel de los mercados de carbono, en particular en materia de mitigación, pues una parte de los recursos que se habrán de movilizar se espera que tengan su fuente en esos mercados.
A ello debe agregarse que los compromisos asumidos por los países desarrollados previamente, en diciembre de 2009 en Copenhague, dirigidos a proveer unos 30 mil millones de dólares, distribuidos equi-proporcionalmente entre mitigación y adaptación, en lo que se denomina el financiamiento de arranque temprano (FSF, en sus siglas en inglés), permitirá apalancar los recursos de fuentes públicas, de este último origen, con los recursos con origen en los mercados de carbono, potenciando los efectos del financiamiento para nuevas inversiones en energías renovables, eficiencia energética, transporte, manejo eficiente de los residuos y otras actividades, a medida que se desarrollen nuevas alianzas bilaterales y multilaterales para combatir el cambio climático, lo que en 2011 está sucediendo con una dinámica muy intensa.
El grueso del financiamiento, por ahora, está dirigido a la mitigación, sea a través de los mercados de carbono, mediante diversos fondos creados para agilizar el financiamiento, y otros ya existentes, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que constituye una de las mayores fuentes de fondos concesionales para eficiencia energética y proyectos de energías renovables.
Conviene recordar, además, que el Grupo Asesor de Alto Nivel en Financiamiento Climático del Secretario General de las Naciones Unidas identificó cuatro fuentes potenciales de fondos: fuentes públicas para donaciones y préstamos altamente concesionales (que incluyen impuestos al carbono, subasta de permisos de emisión, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, otros nuevos impuestos, como el que se aplicaría a las transacciones financieras, y recursos de rentas generales a través de contribuciones presupuestarias directas), instrumentos específicos de financiamiento de los bancos de desarrollo, financiamiento de los mercados de carbono, y aportes directos de capital, en muchos casos vía inversión extranjera directa.
De modo que el seguimiento de la evolución de los mercados de carbono tiene además importancia por su capacidad de contribuir a mejorar la calidad del financiamiento para proyectos que pueda estar ya disponible.