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Desde una perspectiva económica, para que una política climática sea efectiva en su objetivo de mitigar el cambio climático debe necesariamente elevar el precio de mercado del carbono (o del equivalente en carbono de otros gases de efecto invernadero), lo que hace elevar el precio de los combustibles fósiles y de los productos que utilizan combustibles fósiles en su elaboración.

Los precios pueden ser elevados limitando el número de permisos de emisiones disponibles mediante la imposición de un mecanismo de límites y permisos, (o cap-and-trade, según la conocida terminología en idioma inglés) o estableciendo un impuesto a las emisiones de carbono.

Un impuesto al carbono es un gravámen que tiene el propósito de hacer que todos los usuarios de combustibles fósiles (por ejemplo, vía la producción y uso de energía, en el transporte, en las labores agrícolas, o en la actividad industrial) paguen por el daño climático que el uso de esos combustibles (carbón, petróleo y gas) produce al liberar el dióxido de carbono a la atmósfera. El segundo objetivo es inducir el cambio de uso hacia una energía más limpia, de fuentes renovables. Como el dióxido de carbono es liberado en una relación estricta con el contenido de carbono de cada combustible, el impuesto al carbono puede aplicarse aguas arriba, sobre el propio combustible en lugar de hacerlo al producirse la emisión.

La teoría económica sugiere que elevar el precio del carbono permite lograr varios objetivos complementarios. En primer lugar, como la variación relativa de tantos otros precios, provee señales a los consumidores acerca de que bienes y servicios son más carbono-intensivos y, en consecuencia, debieran ser usados con mayor parsimonia, o por el contrario estar dispuesto a pagar mayores precios por ellos.

En segundo término, el aumento del precio relativo emite también señales a los productores respecto de que insumos emplean más carbono y cuales menos (en un espectro que va desde el carbón hasta el gas natural), con lo cual las firmas deberían ser inducidas a sustituir insumos por otros bajos en carbono. El contenido de carbono de cada tipo de combustible fósil se conoce con precisión. Un impuesto al carbono, entonces, obedecería a esas proporciones con un gravamen más elevado para el carbón que para los productos de petróleo y para estos más que para el gas natural.

En tercer lugar, estas variaciones relativas impulsan el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías, procesos y productos ahorradores de carbono.

En definitiva, un precio más alto para el carbono hará que suba el precio de los bienes también según sea su contenido de carbono, desincentivando su uso y consumo.

Por el contrario, la ausencia de un impuesto al carbono, o de otro mecanismo alternativo de asignación de precios, hace que los precios corrientes de la electricidad, la gasolina, y otros combustibles no reflejen adecuadamente los costos de largo plazo debidos al calentamiento global, pero tampoco los costos de corto término asociados a los impactos de la contaminación local, que se expresan principalmente como daños a la salud, costos de intervenciones sanitarias, pérdidas laborales, etc. Así, la otra cara de asignar un precio al carbono, es precisamente el “costo social del carbono” que mide el costo de las emisiones de dióxido de carbono a partir de los efectos del calentamiento global sobre un bien público global como el sistema atmosférico y de sus impactos sobre los sistemas sociales, económicos, físicos y sobre los ecosistemas, en particular. El costo social del carbono se estima mediante el cálculo del valor presente de los daños económicos y sociales adicionales, actuales y futuros, causados por la emisión de una tonelada adicional de carbono a la atmósfera.

Esos efectos, que no se reflejan en las cuentas económicas del productor ni del consumidor, son entendidos como fallos del mercado. Los fallos del mercado hacen que se eliminen o minimizen los incentivos para desarrollar acciones  que reducen el uso de esos combustibles o los sustituyen, tales como medidas de eficiencia energética, desarrollo de energías renovables no convencionales, uso de combustibles bajos en carbono, o la puesta en práctica de medidas de conservación, para limitar el consumo de energía.

A escala global, y a partir de 1990, se han puesto en vigor impuestos al carbono, bajo diversas formas, en al menos 17 jurisdicciones nacionales y también en algunas jurisdicciones sub-nacionales. [1]

De acuerdo a un estudio de CDP sobre el precio del carbono en la estrategia de negocios de las empresas, en el 2016 un total de 1,249 firmas en todo el mundo (sobre un total de 5,759 encuestadas) revelaron que desarrollaban prácticas internas de asignación de precios al carbono o indicaron sus planes de materializar esas prácticas a corto plazo.[2]

[1] Banco Mundial, 2016. State and Trends of Carbon Pricing 2016. World Bank, Washington, DC.

[2] CDP, 2016. Embedding a carbon price into business strategy . CDP North America, Inc.

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