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La implementación de acciones nacionales de mitigación del cambio climático  hace necesario considerar el espectro amplio de opciones de política para estimular la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aminorar los impactos desfavorables de la transformación, asegurando la eficiencia en la asignación de los recursos y la equidad en la fase de transición.

Hay un interés creciente en la utilización de políticas de asignación de precios al carbono como un medio apropiado para garantizar que esa transición sea costo efectiva.

Las iniciativas dirigidas a poner en vigor impuestos al carbono en la economía nacional o a establecer esquemas de comercio de emisiones sea a escala nacional como sub-nacional han crecido rápidamente en los últimos años.

A escala global, solo entre 2012 y 2015, las iniciativas con ese propósito crecieron hasta alcanzar su etapa de implementación -o de programación para la entrada en vigor- en 40 países, representando un equivalente al 4.3% y 8.8% de las emisiones globales de GEI, respectivamente, casi el triple de las que había una década atrás.

Alrededor de 40 países y 24 jurisdicciones sub-nacionales han ido avanzando en los últimos años en el desarrollo de iniciativas nacionales y a nivel sub-nacional (pr ejemplo, estaduales) orientadas a fijar un precio para las emisiones de GEI. Esas iniciativas comprenden alrededor de 7 gigatoneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalent (GtCO2e) lo que significa aproximadamente el 13 por ciento de las emisiones globales de GEI. Esta participación se ha casi triplicado en la última década. Además, más de 1,200 empresas están ya usando o planeando  usar en los próximos dos años precios internos de carbono para las actividades económicas que despliegan .

El rol clave del carbon pricing en los esfuerzos globales de descarbonización se refleja en el Acuerdo de París, específicamente en su artículo 6, el cual provee las bases para facilitar el reconocimiento internacional de los enfoques cooperativos en esta materia.

Debe tenerse en cuenta que de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés)  que se presentaron como parte del proceso que condujo a la aprobación en 2015 del Acuerdo de París durante la vigésima primera sesión de la COP, 101 Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hicieroon referencia en sus contribuciones nacionales a la posibilidad de considerar o preveían el empleo de instrumentos para la asignación de precios al carbono.

Más específicamente, las Partes que manifestaron esa voluntad representaban alrededor del 58% de las emisiones globales de GEI. Entre las Partes que expresaron la intención de asignar precios al carbono, bajo uno u otro instrumento de asignación de precios, se cuentan tres de los cinco mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo: China, India y Brasil.

Si se consideran agrupadamente, ocho INDC de unas Partes que aportan el 5% de las emisiones globales de GEI- mencionan en la INDC que presentaron, que estarían considerando iniciativas de asignación de precios al carbono, sea domésticas como internacionales; otras seis INDC, que en conjunto representan alrededor del 25% de las emisiones globales, hacen referencia a la posibilidad del recurso a una iniciativa de asignación de precios al carbono. Finalmente otras 87 INDC, correspondientes a Partes que dan cuenta de aproximadamente el 29% de las emisiones globales enuncian la posibilidad de considerar iniciativas internacionales de asignación de precios al carbono.[1]

Como parte de los esfuerzos destinados a crear consenso en materia del uso de impuestos o sistemas de comercio de emisiones, en París, durante la COP 21, se puso en marcha la iniciativa denominada Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC, por sus siglas en inglés), a la que concurren gobiernos, corpracinesasí como organizaciones no-gubernamentales, que promueven una acción más decidida destinada a acelerar la introducción y la expansión de mecanismos de fijación de precios.[2]

En octubre de 2015, en Berlín, ya se había lanzado la Carbon Market Platform, de los países que integran el G7, cuyo objetivo es apoyar el proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el diseño de regular uniformes y estables y de orientaciones para el uso de los mercados de carbono. Esta plataforma prevé el intercambio técnico acerca de las diferentes medidas regulatorias y abordajes basados en mercados con el objeto de explorar posibles áreas de cooperación entre las Partes de la Convención. Además de los países del G7, otros emisiores importantes han sido invitados luego a participar del diálogo que la plataforma promueve, así como lo han sido otros países que se muestran activos en la adopción de instrumentos como los que se están considerando.[3]

Luego de la aprobación del Acuerdo de Paris, 18 países firmaron una declaración ministerial -impulsada por Nueva Zelanda- sobre precios de carbono.[4] Los firmantes expresaron su compromiso de trabajar mancomunadamente en el desarrollo de estándares y orientaciones para preservar la intergridad ambiental de los mecanismos internacionales de mercado que se utilicen de cara a la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional.

[1] World Bank. 2016. State and Trends of Carbon Pricing 2016 (October), World Bank, Washington, DC.

[2] Ver en: http://www.carbonpricingleadership.org/

[3] Ver en: http://www.bmub.bund.de/en/topics/climate-energy/climate/international-climate-policy/carbon-market-platform/#c34152

[4] Los países signatarios son: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Alemania, Islandia, Indonesia, Italia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Panamá, Papua Nueva Guinea, Corea, Senegal, Ucrania y los Estados Unidos.

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