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El comercio de emisiones comprende básicamente dos tipos de esquemas relacionados.

Por un lado, existen los esquemas “cap and trade” (de límites máximos y comercio), donde el regulador establece mediante procedimientos técnicos el nivel total de emisiones que considera admisible o deseable, asigna permisos de emisión en función de ese total y deja que las empresas comprendidas o alcanzadas por el esquema comercien entre ellas. El precio de los permisos es, en este esquema, determinado por el mercado en función de la oferta y la demanda de permisos: las empresas que emiten menos de lo permitido pueden vender sus permisos excedentes a aquéllas cuyas emisiones excedan su cantidad máxima permitida. De esta forma, cuando un sistema de comercio de emisiones funciona bien, las emisiones totales permanecen dentro del límite máximo establecido, que puede tender a disminuir paulatinamente, mientras que los participantes en el esquema tienen la flexibilidad de elegir cómo cumplir con su meta de emisión individual,sea adquiriendo permisos o haciendo inversiones en equipamiento y tecnología que les permita, una vez en marcha, reducir emisiones. La decisión empresaria depende esencialmente de la relación entre el costo incremental de la inversión y el valor de mercado de los permisos de emisión.

Por otro lado, existen los “sistema de créditos por reducción de emisiones”. Mediante estos esquemas las empresas generan créditos si logran reducir sus emisiones más allá de cierto punto, usualmente superando el escenario BAU (“business as usual”, es decir las acciones que ya se vienen ejecutando). Estos créditos pueden ser luego comercializados en un mercado específico en el que se transan estos créditos. La principal dificultad de estos esquemas es la estimación de la llamada “adicionalidad”, es decir, la medida en que el proyecto efectivamente reduce emisiones respecto de lo que hubiera ocurrido si éste no hubiera sido ejecutado.

El mercado europeo de permisos (EU ETS por sus siglas en inglés) ha sido la experiencia más importante a nivel mundial en materia de comercio de emisiones. Para ilustrar su funcionamiento tomemos como ejemplo los duros inviernos europeos. En estos períodos, por un lado aumenta la demanda de calefacción y, por el otro, se reduce la generación de energía proveniente de fuentes hidroeléctricas. Esto induce a una mayor actividad en las plantas energéticas a carbón y gas durante las horas de mayor consumo energético, lo que genera mayores emisiones de GEI. Esto hace que los permisos de emisión que les fueron otorgados previamente a las industrias generadoras resulten insuficientes y que deban entonces salir a comprar permisos de emisión al mercado. Este aumento en la demanda de permisos incidirá positivamente sobre su precio. Así, en los casos en que la sustitución entre carbón y gas es técnicamente factible, las industrias comparan el spread de ambos recursos (es decir, la diferencia entre el precio de la energía y el costo del combustible utilizado -carbón o gas-) para determinar qué tipo de plantas entrarán en funcionamiento en las horas pico. Dadas las restricciones impuestas sobre las emisiones, este spread deberá ser corregido para contabilizar el precio de los permisos correspondientes a las emisiones generadas en la producción de energía (recordemos que el carbón es un combustible más intensivo en emisiones de CO2 que el gas).

De esta manera, la fijación de un tope máximo de emisiones debería conllevar una mejora en el comportamiento ambiental general: la demanda adicional de permisos por parte de las empresas energéticas debería impulsar su precio a un valor tal que la generación a carbón debería, en esas nuevas condiciones, dejar de ser rentable respecto de la generación a gas. Para seguir generando energía a partir de la utilización de carbón, las empresas deberán luego comprar más permisos para cumplir con sus límites, impulsando aún más hacia arriba su precio. Esto, a su vez, aumentará el precio de la electricidad para los consumidores finales, creándoles un incentivo a ahorrar energía.

Por su parte, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) ha sido la experiencia más importante a nivel internacional de “sistemas de créditos de reducción de emisiones”. Mediante este esquema, las actividades de proyectos que demostraran que permiten reducir emisiones de GEI en relación a lo que hubiera ocurrido en ausencia de las mismas (en el escenario de línea de base) generan una reducciones certificadas de emisiones (CERs, por sus siglas en inglés), unos créditos, los que pueden se transferidos a gobiernos y empresas mediante contratos onerosos a tal efecto.

En teoría, dado que los pagos resultantes de la venta de CERs dependerían del desempeño ambiental de las actividades de proyecto, se espera que los ingresos adicionales provenientes del mercado del MDL crearían un incentivo positivo para la continuación de prácticas operacionales y de buen manejo, a la vez que a estimular el cambio tecnológico, procesos que sostendrían previsiblemente la reducción de emisiones en el tiempo en los países en desarrollo.

En la práctica, sin embargo, los precios de los permisos y créditos en los mercados de carbono no han alcanzado valores suficientemente altos como para generar los efectos esperados debido a una reducción de la demanda que resultó de decisiones políticas respecto de los participantes admitidoos como oferentes en este mercado y no de las propias tendencias del mercado per se.

Aunque los valores fluctúen fuertemente según la naturaleza, condiciones, desempeño precedente de los originadores de la actividad de proyecto, los precios de la tonelada de carbono no han llegado a superar los USD 40/tCO2 y, desde la crisis financiera global desatada a fines de 2008 en el mundo desarrollado, los precios incluso se han ubicado en unos valores inferiores a los USD 20/tCO2 y con tendencia constante a la baja, cayendo posteriormente a valores muy inferiores a los USD 5/tCO2 a partir de 2013.

La caída del mercado europeo impactó sobre el mercado de CERs, reduciendo fuertemente el incentivo a iniciar actividades de proyecto en los países en desarrollo, para ser registradas en Mecanismo para un Desarrollo Limpio, a excepción de algunas regiones en las que, por decisión de los casi únicos demandantes, aún la demanda sigue operando.

De todos modos, la experiencia de los mercados de carbono ha constituido un “experimento” positivo en materia de uso de instrumentos económicos para fomentar la mitigación y ha dejado importantes enseñanzas para futuros programas de incentivos. La contribución más importante ha sido que los participantes, tanto de los países desarrollados como en desarrollo, han vivido una experiencia de toma de decisiones en un contexto donde se ha introducido un precio de mercado para las emisiones de GEI.

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