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El Acuerdo de París incluye varias disposiciones para impulsar la adaptación, entre las cuales se destacan tres por su importancia La adopción de una meta global para la adaptación, el enunciado referido a que los países desarrollados deberían aumentar los flujos de financiamiento a los países en desarrollo y la indicación que los paíes deben diseñar y actualizar regularmente sus estrategias y planes de adaptación. Asimismo, el Acuerdo llama a las Partes a “ponern en marcha procesos de planeamiento de la adaptación y a ejecutar acciones de adaptación (Artículo 7.9).

Así, siguiendo las líneas maestras de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, que está orientado claramente a impulsar la implementación, establece unas metas globales. Para alcanzar esas metas todos los países prometen ejecutar acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) y para mejorar la resiliencia de las sociedades nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático (adaptación), a la vez que a proveer asistencia financiera en una escala congruente con las necesidades relacionadas con la posibilidad de cumplimiento de cada uno de los objetivos de mitigación y adaptación.

En el marco de la Convención, lo que se discute y negocia es la adaptación y sus acciones, consideradas esencialmente como esfuerzos planeados y anticipatorios, más que reactivos y autónomos.

Es el artículo sobre compromisos de la Convención, el Artículo 4, en los párrafos 8 y 9, el que constituye el punto de partida de las discusiones sobre adaptación y vulnerabilidad. Allí se destacan la condición particular de aquellos países que más probablemente sean adversamente afectados por el cambio climático global, incluyendo los efectos desfavorables de las medidas de respuesta (que incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto que afectan a los países proveedores de combustibles fósiles).

La adaptación en la práctica tiene por objeto reducir el riesgo y los daños –actuales o eventuales– de los impactos adversos –actuales y futuros–, de una manera eficaz en término de costos, y considerando también los beneficios potenciales de las medidas que se adopten.

La adaptación es una de las metas explícitas en el Artículo 2 del Acuerdo de París, y hay, además, una disposición específica del Acuerdo, el Artículo 7, que está enteramente dedicado a la adaptación.

En efecto, en materia de adaptación el Acuerdo propone “Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.” El objeto del Acuerdo, en ésta y en las otras metas que también establece, es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático.

Al reconocer que la adaptación es un componente fundamental en la respuesta mundial a largo plazo al cambio climático y que contribuye significativamente a esa respuesta, cuyo fin es proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, el Acuerdo impulsa la participación de todos los países en actividades de adaptación para lo cual pone el énfasis en la concreción de acciones para la adaptación, a escala nacional y global.

En el Artículo 7, luego, las Partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales.

El Artículo 7 establece, además, que cada país deberá emprender procesos de planificación de la adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes (Art.7.9) lo que podrá incluir la aplicación de medidas, iniciativas y/o esfuerzos de adaptación, la formulación y ejecución de planes nacionales de adaptación, evaluación de los efectos del cambio climático y de la vulnerabilidad a éste, el seguimiento y evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de adaptación, y el aumento de la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos. La adopción de estos planes y medidas, les permitiría a los países mejorar sus capacidades de adaptación, atenuar su vulnerabilidad y contribuir, a la vez, a avanzar en la implementación de la meta global de adaptación, teniendo siempre presente en el desempeño de estos esfuerzos las circunstancias y capacidades nacionales.

Además, el artículo 7.10 incluye un elemento novedoso que son las comunicaciones sobre la adaptación. Mediante estas comunicaciones los países informarán cuáles son sus prioridades, necesidades y planes en materia de adaptación. Cada Parte debería, cuando proceda, presentar y actualizar periódicamente una comunicación sobre la adaptación, que podrá incluir sus prioridades, sus necesidades de aplicación y apoyo, sus planes y sus medidas. Estas comunicaciones serán publicadas en un registro, administrado por la secretaría, que permitirá conocer cuáles son las tendencias, necesidades y oportunidades en materia de adaptación (Art. 7.12).

En lo que concierne a la financiación, la Decisión 1/CP.21, por la que se aprueba el Acuerdo, establece que, a fin de aumentar el nivel de ambición de las medidas de las Partes en el período anterior a 2020, insta encarecidamente a las Partes que son países desarrollados a que aumenten el nivel de su apoyo financiero, con una hoja de ruta concreta que conduzca al logro del objetivo de aportar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para la mitigación y la adaptación de aquí a 2020, y a que, a la vez, aumenten significativamente la financiación para la adaptación con respecto a los niveles actuales.

En este sentido, es conveniente recordar que el informe “La Brecha de Financiamiento para la Adaptación 2016”, preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que los países en desarrollo ya enfrentan un déficit en el financiamiento para la adaptación. Esta brecha en el financimiento es grande y probablemente habrá de crecer sustancialmente en las próximas décadas, afirma el PNUMA, a menos que se logre un progreso significativo que permita asegurar financiamiento nuevo y adicional para la adaptación. En efecto, el informe estima que los costos corrientes de la adaptación son ya por lo menos entre 2 y e veces mayores que el financiamiento internacional público para la adaptación, y, además, que estos costos se habrán de incrementar persitentemente.

El informe mencionado destaca, asimismo, a pesar de las dificultades que pudiera haber en identificar y clasificar las inversiones y el financiamiento privado asociado a la adaptación, el sector privado juega un papel en las acciones de adaptación y puede jugar uno más relevante aún. Más allá de la administración de los riesgos relacionados con su exposición a los impactos climáticos, diferentes tipos de financiación y diversos instrumentos financieros –deuda, capital, seguros–, que pueda emplear el sector privado, tiene la capacidad de disminuir la mencionada brecha de financiamiento. Por esta razón es clave mejorar el entendimiento de las contribuciones que pueda hacer el sector privado, acerca de cómo aplicar los instrumentos financieros disponibles -u otros nuevos- en la financiación para la adaptación, y cómo impulsar la participación del sistema financiero nacional y de la banca comercial en el financiamiento.

En el glosario del Tercer Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la adaptación se definía como el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. Más específicamente, la adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada.

En ese mismo informe el IPCC sostenía que “La adaptación al cambio climático brinda la posibilidad de reducir en forma sostenible muchos de los impactos adversos de ese cambio y aumentar los impactos beneficiosos, aunque ambos tienen su costo y dejan daños residuales.”

La adaptación, en la interpretación del IPCC, pues, comprende el ajuste en los sistemas naturales y humanos que se produce como respuesta a los estímulos climáticos reales o previstos o, incluso, a sus efectos; se entiende que los ajustes en los que consiste la adaptación que morigeran los daños ocasionados o a ocasionarse, o permiten aprovechar las oportunidades favorables que los propios cambios, que se van produciendo, crean.

Tompkins y Adger, entre otros autores, han abogado por una definición de la adaptación, en el contexto del cambio climático, que entiende la adaptación como el conjunto de las acciones que la gente realiza en respuesta o anticipándose a los cambios actuales o proyectados en el clima.

Se entiende por adaptación, expresando esta noción de manera muy sintética, el proceso de ajustarse al cambio climático, ya sea a través de intervenciones explícitas y planificadas, o espontáneamente, como consecuencia de una flexibilidad inherente al sistema que es capaz de adaptarse sin un proceso adicional de reflexión sobre los requerimientos, maneras y medios en que ello se hace posible.

En el mismo sentido se entiende por política de adaptación a aquellas medidas adoptadas por los gobiernos –como pueden serlo leyes, reglamentos o estructuras de incentivos– para imponer o facilitar los cambios en los sistemas socioeconómicos que permitan reducir la vulnerabilidad al cambio climático, a la variabilidad y a los episodios extremos. Pueden introducirse cambios en las prácticas, procesos o estructuras de los sistemas en respuesta a cambios del clima previstos o reales.

La vulnerabilidad, en tanto, es definida por el IPCC como el grado de susceptibilidad de un sistema o su simple incapacidad para afrontar los efectos adversos del cambio climático, incluidos tanto la variabilidad como los fenómenos extremos.

La vulnerabilidad de un sistema está en función del carácter, la dimensión y el índice de variación climática a que está expuesto, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.

A su vez, se define la sensibilidad como el grado de respuesta de un sistema ante un cambio en las condiciones climáticas (por ejemplo, nivel de cambio en la composición, estructura y funcionamiento del ecosistema, con inclusión de la productividad primaria, debido a un cambio determinado en la temperatura o las precipitaciones). Las respuestas pueden dar lugar a efectos beneficiosos o nocivos.

Como hemos mencionado, de modo general, la adaptación autónoma está limitada por la flexibilidad de un sistema, que a su turno está condicionada por factores que no se relacionan directamente con el cambio climático. Una vez que los impactos del cambio climático exceden la capacidad de absorción de ese sistema, se entiende que el sistema mismo ha sobrepasado su capacidad para la adaptación autónoma.

Sin embargo, debe aclararse que no es solo una política de adaptación al cambio climático, per se, la que tiene la posibilidad de promover la capacidad de absorción. La mayor parte de los procesos de desarrollo que son sostenibles, a la vez que contribuyen a la equidad, también están en condiciones de morigerar el “déficit de adaptación” –es decir, la brecha entre el nivel de la adaptación que sea posible sin políticas y programas adicionales, y el nivel que se necesita para evitar los principales efectos del cambio climático. De hecho, éste déficit es un elemento esencial que reclama la convergencia de la adaptación y las políticas de desarrollo.

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC identifica un conjunto de riesgos relacionados con el cambio climático para América Latina, entre los que se cuentan, los siguientes vinculados a:

  • La disponibilidad de agua, las inundaciones y los deslizamientos de tierra.
  • La disminución de la producción y la calidad de los alimentos, con sus efectos indirectos en términos de precios, costo de vida e inflación e ingresos netos de las familias.
  •  La propagación de enfermedades, en particular la difusión de las enfermedades transmitidas por vectores en altitud y latitud, el aumento de enfermedades asociadas a eventos extremos e infecciosas, con sus efectos sobre el estado sanitario de la población en general y, en particular de los grupos más vulnerables, y costo de la salud.
  •  La afectación de la infraestructura.
  • La degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

Más información: Plataforma de #Adaptacción

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